Noticias · News

Claves de la Reforma en la Ley de Propiedad Intelectual

El Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril incorpora ciertas novedades en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), con el objeto de trasponer la Directiva 2014/26/UE relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior, y la Directiva (UE) 2017/1564, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor a favor de personas ciegas, con discapacidad visual u otras dificultades para acceder a textos impresos.

Las modificaciones en la Ley española buscan cumplir los objetivos de:
Armonizar el marco normativo europeo para crear normas y criterios comunes;
Facilitar la transparencia en la gestión de los derechos de propiedad intelectual;
Mejorar la concesión de licencias de derechos de autor sobre obras musicales para su uso online transfronterizo.

Para alcanzar estos objetivos, las principales novedades se centran en los siguientes puntos:

1. Las entidades de gestión colectiva de derechos de autor:
Las que se establecen en España deberán conseguir una autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se publicará su acreditación en el BOE. Este documento podrá revocarse en el momento que se detecten actividades que van en contra de los intereses generales de la materia;
Aquellas que se establecen fuera de España, cuando inicien su actividad también tendrán que comunicarlo al Ministerio, aportando datos de contacto, servicios prestados y la documentación  que acredite el cumplimiento de los requisitos vigentes en su país de origen, además de una copia de sus estatutos en castellano;
Las que dependen de entidades de gestión (empresas legalmente constituidas que son propiedad, parcial o totalmente, de entidades de gestión) deberán comunicar a las autoridades sus datos de identificación fiscal y las características de los servicios que van a prestar. Además, como ejercicio de transparencia y para favorecer su control, publicarán en su página web: sus estatutos, el repertorio que gestionan, las taridas y contratos suscritos, entre otros datos.

En cuanto a su organización interna y el deber de informar, sus estatutos deberán especificar la siguiente información:
La denominación que no podrá ser idéntica o similar a la de otras entidades para evitar confusiones y que tendrá que incluir la tipología, específica o mediantes siglas, de “Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual”;
Funciones de inspección, vigilancia y control previstas;
Criterios de aceptación para los miembros de la entidad;
Órganos de gobierno, deberes de sus miembros, procedimientos internos y recursos económicos previstos;
Un procedimiento de resolución de quejas y reclamaciones relacionadas con contratos de gestión, recaudación, reparto de beneficios obtenidos y sobre los criterios de adquisición o pérdida de la condición de socio.

Para asegurar las buenas prácticas y una correcta gestión supervisada internamente, se deberá establecer un órgano de control interno formado por tres o más miembros que podrán pertenecer a la propia entidad o ser personal externo.

Para facilitar la facturación y el pago de los servicios, las entidades de gestión autorizadas por el gobierno deberán implementar una ventanilla única de facturación y pago en Internet. En cuanto a la recaudación, no estarán autorizadas a utilizar los derechos recaudados ni cualquier rendimiento derivado para fines distintos del reparto a los titulares de los derechos.

2. Para controlar y asegurar el cumplimiento legal, las Administraciones Públicas ejercerán funciones de:
Comprobación del cumplimiento de los requisitos legales;
Aprobación de modificaciones estatutarias en las entidades de gestión;
Inspección, vigilancia y control de entidades de gestión.

Dentro del régimen sancionador, los responsables ante la administración serán las entidades de gestión de derechos. Cuando se infrinja la norma en España por parte de una entidad que esté establecida en otros países europeos, se remitirá la información a las autoridades de aquel estado. Cuando se encuentren en países fuera de la eurozona, serán sancionados en base a la ley nacional.

Como complemento de estas funciones se creará una Comisión de Propiedad Intelectual, unida al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, formada por dos secciones diferenciadas. La primera llevará a cabo tareas de mediación, negociación, arbitraje y determinación de tarifas y, la segunda de estas secciones, podrá tomar medidas para interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual, dando la opción, a través de requerimientos, de que se retire de manera voluntaria en un plazo de 48 horas.

En el caso de que el uso indebido no cese, se podrá solicitar la colaboración de servicios de intermediación como medios publicitarios o de pagos electrónicos, pidiendo que dejen de dar soporte a la entidad responsable de la infracción. Para una acción fluida en este sentido se podrán crear códigos de conducta.

Cuando no se retiren los contenidos ilícitos tras solicitarlo en reiteradas ocasiones, a partir del segundo incumplimiento se considerará una infracción muy grave, sancionable con multas de entre 150.001 y 600.000 Euros. Ante faltas graves con gran repercusión social, la resolución sancionadora podrá publicarse en el BOE, periódicos o páginas web.

Cuando se trate de prestadores de servicios de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, las plataformas de intermediación en línea tendrán un papel fundamental para bloquear durante el periodo de un año el acceso desde España a los servicios que ofrezcan estas plataformas.

3. Los titulares de derecho de propiedad intelectual, por su parte, son personas o entidades (distinta a las de gestión de los derechos) que sean titulares de derechos de propiedad intelectual o que, a través de un acuerdo de explotación de derechos, estén autorizadas para recibir beneficios por estos derechos. La gestión de estos derechos se realizará a través de contratos de gestión, pero el titular no podrá conceder participaciones en sus derechos a usuarios que tengan contratos con entidades de gestión;

4. Para dejar claros los términos de los contratos de gestión:
El titular de los derechos debe aportar su consentimiento explícito;
La entidades de gestión deberán informar de todos los derechos que se reconocen a los titulares de derechos antes de que se suscriba el contrato;
Su duración no podrá ser superior a tres años, renovándose después por periodos anuales. El contrato podrá ser revocado, parcial o totalmente, por el titular de derechos, siempre que haya un preaviso razonable.

5. Uno de los capítulos más destacados es el que especifica la concesión de autorizaciones no exclusivas. Así, las entidades de gestión están obligadas a negociar y contratar bajo remuneración con los usuarios que lo soliciten la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados, en base a criterios de transparencia. Además, las entidades de gestión tienen que informar a los usuarios sobre las condiciones comerciales otorgadas a otros usuarios que ejerzan actividades económicas similares. Las obligaciones anteriores no se aplicarán a los servicios online donde las entidades de gestión no estarán obligadas a basarse en las condiciones ofrecidas previamente a otros usuarios cuando el servicio lleve menos de tres años a disposición del público en la unión europea.

En cuanto a las tarifas, las entidades de gestión tendrán que establecer tarifas generales que sean claras y simples y se establecerán de acuerdo a condiciones razonables en base al valor económico del uso de los derechos sobre obras o servicios protegidos.

6. Entre las obligaciones más relevantes de los usuarios de derechos protegidos, destaca el deber de informar a la entidad de gestión, dentro de los 90 días siguientes a la utilización del derecho, sobre la utilización de los derechos que están representados por las entidades de gestión.

7. Respecto a las particularidades de los derechos en línea sobre obras musicales, serán autorizaciones multiterritoriales no exclusivas de derechos en línea aquellas sobre obras musicales que sean necesarias para dar al prestador de un servicio de música online la posibilidad de explotar un derecho de reproducción y de comunicación pública, incluyendo la puesta a disposición de una obra musical en varios estados de la Unión Europea. Un ejemplo serían las previsualizaciones producidas para la apertura de programas de radiodifusión. Para una gestión eficaz de este tipo de derechos, las entidades responsables deberán facilitar una gestión electrónica para conceder y controlar el uso de este tipo de autorizaciones y, para poder realizar este control, se tendrán que utilizar identificadores únicos para los titulares de derechos y las obras musicales, teniendo en cuenta las prácticas sectoriales en diferentes países y en la Unión Europea.

8. Finalmente, otro punto importante de las modificaciones legales está la apuesta por la transparencia. De manera que las entidades de gestión publicarán en su página web información sobre estatutos, cuentas anuales, tarifas, contratos y listado de obras protegidas, entre otra información. Además deberá realizarse un informe anual de transparencia.

Admin Confianza OnlineClaves de la Reforma en la Ley de Propiedad Intelectual