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Claves del Reglamento de Cooperación para la Protección de los consumidores

En el mes en el que se celebra el Día Mundial de los derechos del Consumidor, desde Confianza Online destacamos los puntos clave del Reglamento de Cooperación para su Protección. Esta normativa, que entró en vigor en 2018 y que se aplica desde el pasado 17 de enero, fomenta la coordinación entre los diferentes países de la Unión Europea para reforzar la protección del consumidor en sus compras transfronterizas.

Esta importante labor para incrementar la confianza de los consumidores europeos se coordina a través de la conocida como “Red CPC”, un grupo de trabajo creado en 2007 que ha ampliado y mejorado sus funciones para garantizar el cumplimiento a nivel transfronterizo de las normas que protegen a los consumidores en áreas como prácticas comerciales desleales, Ecommerce, publicidad comparativa, contrataciones de paquetes vacacionales y derechos de los pasajeros, entre otros.

Con el Reglamento de Cooperación de Protección al Consumidor se otorga un mayor poder a las autoridades para detectar irregularidades y tomar medidas efectivas. En este sentido podrán:

– Abrir investigaciones o procedimientos si tienen constancia de que se están cometiendo infracciones;

– Acceder a los documentos, la información o los datos necesarios para realizar la investigación que permita determinar si ha habido delito e identificar quién es el vendedor responsable de la incidencia;

– Solicitar información a cualquier autoridad pública, organismo o proveedores (de medios de pago, de servicios de Internet, telecomunicaciones, dominios…);

– Llevar a cabo inspecciones para analizar todo el proceso de compra a través de una prueba real que les permita detectar si por ejemplo se aplica correctamente el derecho de desistimiento y la devolución de los importes abonados por el comprador. En un segundo momento también se podrán realizar pruebas del propio producto;

– Ordenar la retirada o modificación de contenidos fraudulentos en páginas web o Redes Sociales y solicitar la colaboración de registradores de dominios, servicios de internet o entidades bancarias que permitan rastrear los flujos financieros para identificar la identidad del culpable;

– Establecer acuerdos con los comerciantes responsables de infracciones para que pongan fin a esa situación y lleven a cabo las medidas de reparación que sean necesarias;

– Imponer sanciones que garanticen la protección y la reparación de los consumidores afectados. Entre las medidas contempladas están la reparación, la sustitución, la reducción del precio, la finalización del contrato o el reembolso del precio abonado;

La Comisión Europea por su parte:

– Coordinará las medidas y garantizará mecanismos de asistencia mutua para ofrecer orientación o recomendaciones a los Estados miembros;

– Cooperará estrechamente con los Estados para la prevención de infracciones;

Los Estados miembros:

– Facilitarán el trabajo de los organismos designados, Centros Europeos del Consumidor, organizaciones y asociaciones de consumidores, y asociaciones de comerciantes para que puedan emitir alertas ante incumplimientos normativos;

– Informarán a la Comisión Europea de las actividades realizadas para proteger los intereses de los consumidores, incluidas las actividades de los organismos responsables de la resolución extrajudicial de litigios;

– Una vez coordinada la protección en la Unión Europea es necesario afrontar el reto de proteger al consumidor cuando la incidencia es provocada por comerciantes establecidos en terceros países. En estos casos se negociarán acuerdos internacionales para garantizar la asistencia mutua con otros Estados.

¿Por qué es importante el refuerzo y la Coordinación Europea en materia de protección de Consumidores? Datos destacados recopilados por la Unión Europa.

– En 2019 los Centros Europeos del Consumidor recibieron 120.000 consultas, la mayor parte de ellas sobre compras online;

– El 40% de los consumidores no están satisfechos con la gestión de las quejas o incidencias que han tenido en el Ecommerce;

– Se ha detectado como práctica común el constante traslado de empresas infractoras a diferentes países. Con un análisis de los flujos financieros se podrá detectar de una manera más sencilla su identidad para poner fin a este tipo de prácticas;

– Se ha mejorado la protección en las suscripciones de servicios que se anuncian como gratuitas y en las que los usuarios facilitan sus datos bancarios. Tras un periodo de prueba y sin haber otorgado un consentimiento informado, los usuarios reciben cargos en sus cuentas;

– Se han revisado cientos de webs y, ante problemas detectados, se le han indicado las correcciones que deben implementar. Estos procesos de evaluación que duran un gran periodo de tiempo sirven a largo plazo para garantizar un correcto cumplimiento normativo;

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