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Nueva normativa para otorgar mayor protección a los secretos empresariales

El Proyecto de Ley de Secretos Empresariales que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) aclara, entre otros puntos, el tipo de información empresarial protegida por la ley, las conductas que se consideran infracciones y las medidas tomadas para asegurar la protección de los conocimientos de valor que tienen las compañías como base de sus negocios.

La innovación empresarial, fundamental para el desarrollo económico de un país, debe ser protegida a través de la lucha contra las prácticas ilegales que suponen una infracción y que el propio reglamento define como la “apropiación indebida de secretos empresariales a través del robo, copias, espionaje o incumplimiento de los requisitos de confidencialidad”. Atendiendo a esta definición, será susceptible de protección la información comercial, estrategias de negocio, planes de acción, conocimientos técnicos e investigaciones.

Como consecuencia, la protección legal se extenderá a todas las posibles formas de apropiación indebida, obtención, utilización o revelación de la información conseguida de manera ilícita. Será por lo tanto ilegal apropiarse de datos protegidos sin consentimiento de su titular. También será ilícito el acceso, la apropiación o copia a documentos, objetos, materiales, sustancias y ficheros, independientemente de su formato, cuando los materiales contengan o permitan que se deduzca el secreto empresarial. Uno de los principales ejemplos es el de la producción, oferta, comercialización, exportación o almacenamiento de mercancías cuyos diseños copian las características o el funcionamiento obtenido por la apropiación indebida de información comercial.

El secreto empresarial, como derecho de propiedad, podrá pertenecer a una o varias personas entre las que se firmará un acuerdo para gestionar la explotación y la defensa de sus intereses. Este derecho podrá cederse, siempre que todos estén de acuerdo, a través de licencias de explotación.

En lo referente a la defensa, se considerará infractora a toda persona física o jurídica que cometa una violación contra el secreto empresarial y contra su figura se podrán emprender todas las acciones que sean oportunas para que cese el uso o apropiación indebida. El primer paso del proceso legal será el reconocimiento y catalogación del delito como una violación del secreto empresarial al que posteriormente podrá seguir la cesación o prohibición de las acciones ilícitas, la incautación de las mercancías, la solicitud de devolución de los documentos o materiales que encierren el secreto empresarial y la exigencia de indemnizaciones por daños y prejuicios en base a los daños sufridos. También se podrá pedir la difusión de la sentencia, sin que implique la publicación de información protegida. En todo momento las medidas se adoptarán con proporcionalidad a los daños causados, el valor de la información sustraída y las consecuencias derivadas, entre otros puntos.

El gran valor de los datos que se manejan en los procesos judiciales de estas características implica un correcto tratamiento de los datos ya que la información es confidencial y tiene un gran valor empresarial. Por esta razón todos los sujetos que intervengan, ya sean peritos, miembros de la administración o testigos, no podrán revelar la información del proceso que se declare como secreto empresarial, una limitación que estará vigente incluso después de que el proceso judicial haya finalizado. Para garantizar la máxima seguridad y confidencialidad posible se podrá limitar el personal que forme parte del proceso, facilitando información no confidencial al resto de trabajadores implicados que la necesiten para desempeñar sus competencias.                           

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