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Pasos para modernizar y mejorar la protección de los consumidores europeos

Con el objetivo de garantizar la protección de los consumidores europeos, la Comisión ha puesto en marcha desde el mes de abril un nuevo acuerdo a través del que se establecerán sistemas de reclamación efectivos, creando un entorno más justo para compradores y empresas, principalmente en el ámbito digital.

Las principales medidas que supondrán un refuerzo en los derechos de los consumidores digitales se plantean en la Directiva del Parlamento y del Consejo por la que se modifican cuatro importantes textos:

En rasgos generales, las propuestas pretenden:

– Implantar sanciones más efectivas para evitar las infracciones transfronterizas, especialmente cuando afectan a un gran número de usuarios. Las autoridades de cada país, a la hora de establecer las multas, deberán tener en cuenta parámetros comunes y podrán imponer sanciones que supongan al menos un 4% de la facturación de las empresas sancionadas. En todo caso, las sanciones deberán ser proporcionadas, cumpliendo su naturaleza disuasoria y tendrán que gestionarse de manera coordinada entre los diferentes estados miembros.

– Crear instrumentos eficaces para la gestión de reclamaciones colectivas a nivel europeo, ofreciendo diferentes vías a través de entidades cualificadas como pueden ser organizaciones de consumidores, sin ánimo de lucro, supervisadas por autoridades públicas. Quedarán fuera de la gestión de este tipo de reclamaciones los bufetes de abogados para garantizar la protección más justa y representativa posible, en base a sus intereses, evitando gestiones innecesarias (lucrativas para otras empresas pero no para el consumidor).

– Aumentar las medidas de protección de los consumidores cuando sufran prácticas comerciales agresivas. Las autoridades de cada país deberán facilitar a los afectados medidas de resolución que contemplen, entre otros, el derecho a la resolución del contrato y la indemnización por daños y perjuicios.

– Potenciar la transparencia de los mercados digitales, aportando más información sobre los proveedores que venden productos online para aclarar los derechos que tiene el consumidor en el caso de sufrir algún problema. Este punto es clave a la hora de definir quién es el vendedor que debe responder como responsable ante reclamaciones o incidencias, cuando hay varios proveedores que intervienen en el proceso de compra. Además, se deberán especificar:

1) Los parámetros utilizados para clasificar las ofertas que aparecen en los buscadores online

2) El tipo de vendedor, empresa o particular, que figura en el contrato de contratación

3) La legislación que se aplica para proteger a los consumidores cuando compran online en cada página o plataforma

4) Quién es el comerciante (ya sea el proveedor directo que envía los productos o un tercero asignado en el contrato) que será responsable de garantizar la protección de los derechos del comprador, principalmente en cuanto al derecho de desistimiento

– Ampliar la protección de los consumidores en el entorno digital por el gran número de datos personales que se facilitan en compras o registros online.

– Eliminar cargas para las empresas. En concreto se suprimen dos importantes obligaciones relativas al derecho de desistimiento:

1) La obligación de aceptar el derecho de desistimiento a pesar de que el consumidor haya utilizado el producto adquirido, en vez de hacerlo probado únicamente (tal y como haría en una tienda física)

2) La obligación de reembolsar al consumidor el importe del pedido, incluso antes de haberlo recibido devuelto

– Precisar cuál será la libertad que tendrán los Estados miembros para establecer normas que protejan al consumidor de las ventas agresivas o engañosas

– Aclarar la normativa que regula las conocidas como ventas de artículos de “calidad dual” que son imitaciones de los productos vendidos en otros países, pero cuyo material, características o composición son diferentes, generando confusión y desconfianza entre los consumidores

Mientras las medidas siguen en fase de negociación entre el Parlamento y el Consejo Europeo, la asociación Ecommerce Europe señala la dificultad de su puesta en marcha como una aplicación unificada en la eurozona. En este sentido, consideran que la presente Directiva entra en conflicto con las medidas de reparación colectiva que ya existen en cada país y que, por ello, su aplicación provocaría una mayor incertidumbre legal por la falta de armonización previa.

Para analizar con más profundidad cómo evoluciona en los próximos meses el debate, con sus ventajas e inconvenientes, desde Confianza Online profundizaremos en las modificaciones mencionadas y en los avances que se puedan producir.

Admin Confianza OnlinePasos para modernizar y mejorar la protección de los consumidores europeos

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