Noticias · News

Remitido a las Cortes el Proyecto de Ley que regula la resolución alternativa de litigios en materia de consumo

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 31 de marzo la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley que incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, mediante la cual se garantizará la existencia de entidades de resolución alternativa establecidas en España que cumplan con una serie de requisitos.

Este nuevo texto ofrecerá a los residentes en la UE la opción de resolver sus litigios mediante la intervención de entidades de resolución alternativa, las cuales llevan a cabo procedimientos independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos. Esta implementación tiene una importante labor en el favorecimiento del mercado único digital, y facilitará a los consumidores, tanto nacionales como transfronterizos, la solución de incidencias relativas a obligaciones contractuales derivadas de compra o contratación de servicios.

La competencia de estas entidades de resolución alternativa será otorgada mediante la correspondiente acreditación previa por la autoridad competente (AECOSAN), que se basará para concederlo en los requisitos, obligaciones y garantías establecidos en esta nueva ley.

En líneas generales, podrán solicitar la acreditación las entidades de resolución alternativa ubicadas en territorio nacional que dispongan de un estatuto o reglamento de funcionamiento, así como de la posibilidad de gestionar litigios nacionales y transfronterizos. El procedimiento no podrá durar más de 90 días, y deberán garantizar un acceso sencillo y gratuito para el consumidor, o con un coste simbólico menor de 30 Euros.

Las entidades deberán dirigir sus solicitudes a AECOSAN y, desde ese momento, dará curso el inicio del procedimiento que tendrá por lo general una duración de 3 meses, concluyendo con la correspondiente resolución y la inclusión de la misma, si procede, en el listado nacional de entidades acreditadas y posterior notificación a la Comisión Europea.

¿Qué impacto tendrá en las empresas españolas que operan online?

Aquellas empresas o profesionales adheridos a cualquier entidad que haya sido debidamente acreditada, deberán informar de forma clara, suficiente y sencilla de su pertenencia a la misma y de la posibilidad que tienen los consumidores de recurrir a los procedimientos de resolución extrajudicial de controversias que hayan establecido. Además de la información relativa a su adhesión, tendrán que incluir en su sitio web un enlace que redirija a la Plataforma ODR de la Unión Europea. Esta plataforma, que ha cumplido un año en funcionamiento, ha tramitado en la UE más de 24.000 reclamaciones.

Por otro lado, los empresarios que no pertenezcan a ninguna entidad de resolución alternativa deberán informar a, como mínimo, una de las entidades acreditadas para resolver la reclamación indicando si acepta o no su intervención para su resolución.

El deber de informar tendrá efectos “erga omnes”, por lo que su omisión conllevará sanciones por infracción grave que abarcan desde los 3.000 hasta los 15.000 Euros, sin perjuicio de otras que pudieran aplicarse.

La Comisión Europea puso el año pasado estos banners  a disposición de las empresas para cumplir con la obligación de información de la plataforma europea de reclamaciones.

Admin Confianza OnlineRemitido a las Cortes el Proyecto de Ley que regula la resolución alternativa de litigios en materia de consumo