El Gobierno aprueba el envío al Congreso del Proyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación, que moderniza la norma de 1984 para adaptarla al entorno digital y combatir bulos y desinformación.
La nueva regulación permite a cualquier ciudadano solicitar la rectificación de informaciones inexactas, falsas o no contrastadas que le perjudiquen, publicadas no solo por medios de comunicación (tradicionales o digitales), sino también por usuarios de especial relevancia en redes sociales e influencers con más de 100.000 seguidores en una plataforma o 200.000 acumulados en varias.
Entre las principales novedades:
- Plazo para solicitar rectificación: 10 días en general (ampliable a 20 días para medios digitales e influencers).
- Obligación de disponer de mecanismos gratuitos, accesibles y visibles para recibir y gestionar solicitudes.
- Publicación de la rectificación en máximo 3 días, limitada a hechos inexactos (con posibilidad de añadir opiniones derivadas no excesivas).
- Agilización del procedimiento judicial en caso de desacuerdo.
Paralelamente, el Consejo de Ministros analizó el anteproyecto de Ley Orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que actualizará la norma de 1982 incorporando:
- Regulación de deepfakes y uso de IA sin consentimiento (con excepciones para sátira, ficción o interés público).
- Consentimiento limitado en redes sociales.
- Mayor protección a menores (edad de consentimiento a los 16 años), personas con discapacidad y víctimas de delitos.
- Refuerzo de la libertad de expresión alineado con jurisprudencia constitucional.
Ambas iniciativas refuerzan la protección de derechos fundamentales en el ecosistema digital actual. El proyecto de rectificación inicia ya su tramitación parlamentaria, mientras el de honor avanza en fase de informes.
