El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, que establece el sistema español de factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, con el objetivo de mejorar la transparencia en las operaciones comerciales, reducir la morosidad y avanzar en la digitalización del tejido empresarial.
La norma regula los requisitos técnicos y de información del sistema, así como las obligaciones de las plataformas de intercambio de facturas electrónicas, que deberán garantizar la interoperabilidad y la interconexión mínima entre sistemas, además de facilitar el seguimiento de los distintos estados de las facturas. Asimismo, se desarrolla la solución pública de facturación electrónica gestionada por la Agencia Tributaria.
El ámbito de aplicación del real decreto establece que todos los empresarios y profesionales estarán obligados a emitir facturas en formato electrónico cuando la operación tenga como destinatario a otro empresario o profesional con sede, establecimiento o residencia habitual en España, incluidas aquellas situaciones en las que la facturación sea emitida por terceros o por el destinatario en nombre del obligado.
No obstante, la norma prevé excepciones a esta obligación, quedando fuera las operaciones documentadas mediante facturas simplificadas, salvo en determinados casos cualificados. Además, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa podrá establecer nuevas exclusiones mediante orden ministerial, de carácter generalmente temporal, cuando existan dificultades relevantes de adaptación en determinados sectores o no se justifique su aplicación por problemas de morosidad.
El sistema incorpora también obligaciones de información sobre los estados de las facturas, como su aceptación o rechazo y la fecha de pago efectivo, con el fin de mejorar el control de los plazos de pago y reforzar la lucha contra la morosidad comercial, uno de los principales problemas de liquidez de las pymes.
Con esta regulación, el Ejecutivo busca consolidar un ecosistema de facturación electrónica homogéneo, interoperable y seguro, que contribuya a modernizar las relaciones comerciales entre empresas y a mejorar la eficiencia administrativa en el conjunto de la economía española.
