El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una gran inmobiliaria que gestiona miles de viviendas de alquiler en distintas comunidades autónomas, tras detectar posibles prácticas abusivas en sus contratos y condiciones de arrendamiento.
La actuación, impulsada por el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, se deriva de una investigación en la que se han identificado cuatro posibles infracciones, entre ellas la imposición de un seguro de impago al inquilino, la inclusión de cláusulas que presuponen negociación individual en contratos de adhesión, penalizaciones consideradas desproporcionadas por retrasos en la entrega de la vivienda y la imposición de gastos injustificados vinculados a suministros y cambios de titularidad.
Según Consumo, cada una de estas conductas podría constituir una infracción sancionable con multas de hasta un millón de euros o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. El ministerio ha subrayado que la apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.
Esta actuación se produce pocos meses después de que el propio departamento ratificara una sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas en el mercado del alquiler, en un caso que ya ha sentado precedente administrativo tras agotar la vía de recurso.
