El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aprobado la Orden DCA/48/2026, por la que se establece la Política de Seguridad de la Información (PSI) en el ámbito de su Administración Electrónica. Con esta medida, el Ministerio refuerza la protección de los sistemas y datos que gestiona, y garantiza el cumplimiento de las exigencias establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad.
La digitalización de la Administración Pública conlleva la gestión automatizada de grandes volúmenes de información, expuesta a múltiples riesgos y vulnerabilidades. Por ello, esta nueva política busca asegurar la disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad de los datos y servicios electrónicos del Ministerio.
La norma desarrolla el mandato del artículo 12.3 del Real Decreto 311/2022, que obliga a cada ministerio de la Administración General del Estado a contar con su propia política de seguridad. La PSI, aprobada mediante esta orden, define la estructura organizativa y los principios básicos para su implantación y supervisión, en línea con los valores de seguridad integral, gestión por riesgos, prevención, vigilancia continua y reevaluación periódica.
Además, la orden subraya la obligación de cumplir la legislación en materia de protección de datos personales, garantizando la seguridad de los tratamientos conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
La nueva política será de obligado cumplimiento para todos los órganos, organismos y entidades públicas dependientes del Ministerio, así como para el personal propio, colaboradores y contratistas que accedan a los sistemas o gestionen información del Departamento.
Uno de los pilares de esta regulación será la formación del personal, reconocido como elemento clave para garantizar una cultura de seguridad y el cumplimiento de las buenas prácticas corporativas.
Con esta aprobación, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se dota de un marco normativo sólido para la gestión segura de su información digital, reforzando la confianza en los servicios electrónicos que presta a la ciudadanía.
