El Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo clave sobre el paquete «Omnibus VII», que busca reducir la burocracia para las empresas y ajustar los plazos de implementación de la normativa de inteligencia artificial.
En un movimiento estratégico para proteger la competitividad europea sin descuidar la seguridad, el Consejo de la UE ha definido su posición para agilizar las reglas de la Inteligencia Artificial (IA). Este acuerdo no solo ajusta el calendario de aplicación de la Ley de IA (AI Act), sino que introduce prohibiciones estrictas sobre el uso de esta tecnología para crear contenido íntimo sin consentimiento.
Un respiro para la industria: Nuevos plazos
Ante la complejidad técnica que supone el despliegue de la normativa, la propuesta —denominada Omnibus VII— extiende los plazos para que las empresas puedan adaptarse. El nuevo cronograma queda fijado de la siguiente manera:
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2 de diciembre de 2027: Fecha límite para que los sistemas de IA de alto riesgo independientes cumplan con la normativa.
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2 de agosto de 2028: Fecha límite para los sistemas de IA de alto riesgo que estén integrados dentro de productos (como maquinaria o dispositivos médicos).
Esta prórroga de hasta 16 meses busca garantizar que, para cuando las normas sean exigibles, la Comisión ya haya facilitado las herramientas y estándares técnicos necesarios.
Tolerancia cero al contenido no consentido
Una de las novedades más relevantes introducidas por el Consejo es la prohibición explícita de prácticas de IA destinadas a la generación de contenido sexual o íntimo no consentido (como los conocidos deepfakes pornográficos) y de material de abuso sexual infantil. Con esto, el Consejo refuerza el marco ético de la ley original, respondiendo a una creciente alarma social.
Apoyo a PYMES y reducción de burocracia
El plan de «simplificación» tiene como objetivo principal que las empresas europeas, especialmente las pequeñas y medianas, no se vean asfixiadas por trámites administrativos. Entre las medidas destacan:
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Extensión de exenciones: Las ventajas regulatorias que tenían las PYMES se amplían ahora a las pequeñas empresas de mediana capitalización (SMCs).
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Gobernanza centralizada: Se refuerzan los poderes de la Oficina de IA para evitar la fragmentación entre los diferentes países miembros, aunque las autoridades nacionales mantendrán el control en áreas críticas como la justicia, la policía y el control de fronteras.
