El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, ha aprobado el Real Decreto 254/2025, de 1 de abril, que modifica el Reglamento aprobado en diciembre de 2023 sobre los requisitos de los sistemas y programas informáticos de facturación (Real Decreto 1007/2023). Esta modificación tiene como finalidad conceder un mayor margen de adaptación a empresarios y profesionales para cumplir con la nueva normativa conocida como Veri*Factu.
Ampliación de plazos
La aplicación obligatoria de los nuevos requisitos de facturación se pospone del 1 de julio de 2025 al 1 de enero de 2026 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, mientras que el resto de obligados tributarios dispondrán hasta el 1 de julio de 2026. El objetivo es facilitar la transición a aquellos colectivos que no emplean de manera habitual sistemas informáticos de facturación.
Adaptación de los proveedores de software
Los productores y comercializadores de sistemas informáticos dispondrán de nueve meses, a contar desde la entrada en vigor de la Orden HAC/1177/2024, de 17 de octubre, para ofrecer sus productos adaptados a la normativa. Este mismo plazo se aplicará también a los sistemas informáticos incluidos en contratos de mantenimiento plurianuales ya vigentes.
Exclusiones específicas
Asimismo, el Real Decreto modifica el artículo 4 del Reglamento para excluir de esta obligación a los profesionales que llevan los registros mediante el sistema de suministro inmediato de información (SII del IVA) en aquellos casos en que las facturas se expidan materialmente por el destinatario de la operación.
Lucha contra el fraude fiscal
La normativa Veri*Factu se enmarca en las medidas del Gobierno para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, al garantizar que los registros de facturación cumplan con los principios de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, y evitar el uso de programas de doble uso.
Con esta ampliación de plazos, el Ejecutivo busca compatibilizar el objetivo de reforzar la transparencia y seguridad en la facturación con la necesidad de que empresas, profesionales y desarrolladores de software dispongan de un tiempo razonable para adaptar sus sistemas.
