El apagón eléctrico que afectó a gran parte de España, Portugal y zonas de Francia el pasado 28 de abril ha tenido un impacto crítico en el tejido empresarial, con caídas superiores al 50% en las ventas del ecommerce, cancelaciones masivas de servicios y graves problemas operativos en sectores clave como transporte, distribución, retail y logística.
Ante esta situación, el Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional en ocho comunidades autónomas (Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y Comunitat Valenciana), lo que implica que todas las personas consumidoras de estos territorios son consideradas “vulnerables” y cuentan con derechos reforzados según la normativa de consumo.
Las empresas proveedoras de servicios de transporte, comercio, telecomunicaciones y eventos están obligadas a ofrecer reembolsos, alternativas viables y flexibilidad contractual. Entre otras medidas destacadas:
- Reembolso obligatorio en caso de cancelaciones de vuelos, trenes, autobuses o trayectos marítimos.
- Devolución total del importe de eventos cancelados.
- Compensaciones en servicios de telecomunicaciones por interrupciones.
- Prohibición de subida de precios personalizados en zonas bajo emergencia.
- Derecho a resolver el contrato de compraventa online en caso de incumplimiento de plazos de entrega.
Además, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a las empresas a eliminar trabas administrativas y a facilitar el ejercicio de los derechos de sus clientes, recordando que la excepcionalidad de la situación no exime del cumplimiento de la legislación vigente.
Echa un vistazo a la Guía de Derechos de Consumo tras el apagón, emitida por el Gobierno de España.