El Consejo de Europa y sus Estados miembros han acordado el Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, un tratado que busca establecer reglas comunes para el desarrollo y uso de la IA bajo estándares internacionales de protección de derechos fundamentales.
El texto parte del reconocimiento de que la inteligencia artificial puede aportar importantes beneficios en ámbitos como el desarrollo económico, la innovación, la igualdad de género o el bienestar social. Sin embargo, advierte también de sus riesgos, especialmente cuando estos sistemas afectan a la dignidad humana, la autonomía individual o amplifican desigualdades ya existentes.
El convenio expresa preocupación por el uso indebido de la inteligencia artificial, en particular en contextos de vigilancia masiva, censura o prácticas arbitrarias que puedan vulnerar derechos humanos. También alerta sobre los posibles sesgos discriminatorios de estos sistemas, que podrían impactar de forma desproporcionada en mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
El objetivo principal del acuerdo es garantizar que todas las actividades relacionadas con el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial —desde su diseño hasta su uso y retirada— sean plenamente coherentes con los principios de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho.
Para ello, los países firmantes deberán adoptar medidas legislativas, administrativas u otras acciones adecuadas, ajustadas al nivel de riesgo que presenten los distintos sistemas de IA. El convenio también contempla mecanismos de seguimiento y cooperación internacional para asegurar su correcta aplicación.
Asimismo, el texto subraya la necesidad de impulsar la alfabetización digital y el conocimiento sobre estas tecnologías, con el fin de fomentar la confianza pública y un uso responsable de la inteligencia artificial.
En línea con estos avances regulatorios, España ha dado recientemente un paso adicional en la gobernanza de la inteligencia artificial con la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la IA. La norma adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento europeo de IA (AI Act) y designa a la Agencia Española de Supervisión de IA (AESIA) como autoridad central de supervisión. Además, establece un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio en los casos más graves, regula determinadas prácticas prohibidas y contempla medidas para fomentar un uso responsable de estas tecnologías tanto en el sector privado como en las administraciones públicas.
Con este acuerdo, el Consejo de Europa da un paso clave hacia la creación de una regulación internacional de la inteligencia artificial centrada en la protección de los derechos fundamentales en un contexto de rápido avance tecnológico. Al mismo tiempo, iniciativas nacionales como la impulsada por España reflejan cómo los Estados comienzan a trasladar estos principios a sus respectivos marcos legales, reforzando la supervisión y la gobernanza de la IA.
