La Comisión Europea ha publicado en el Boletín Oficial del Estado sus nuevas Directrices sobre la aplicación por parte de las empresas del Reglamento (UE) 2023/988, la normativa que desde el 13 de diciembre de 2024 establece el marco actualizado de seguridad general de los productos de consumo no alimentarios en la UE. El documento, exigido por el reglamento, está pensado para ayudar de forma especialmente clara a pequeñas y medianas empresas —incluidas microempresas— a entender y cumplir las obligaciones asociadas a la comercialización de productos seguros dentro del mercado europeo.
El Reglamento sustituye a la antigua Directiva de 2001 y fija un requisito general de seguridad que obliga a los operadores económicos a garantizar que solo se introduzcan productos seguros en la UE, incluyendo por primera vez riesgos para la salud mental y los derivados del entorno cuando afecten a los consumidores. Las directrices aclaran las responsabilidades de todos los actores de la cadena de suministro —fabricantes, importadores, distribuidores, prestadores de servicios logísticos o plataformas en línea— y explican cuándo un producto puede considerarse seguro bajo presunción de conformidad.
La vigilancia del mercado corresponde a las autoridades nacionales, que deben supervisar que los productos comercializados son seguros y comunicar cualquier alerta a través del sistema Safety Gate. En este contexto, la Comisión destaca el papel esencial del portal Safety Business Gateway, una herramienta integrada en el entorno Safety Gate que las empresas deberán utilizar obligatoriamente para notificar a las autoridades productos peligrosos, accidentes y las medidas adoptadas para solucionarlos. Este portal centraliza las obligaciones de notificación previstas en varios artículos del Reglamento y también permite a los fabricantes alertar directamente a los consumidores cuando sea necesario. Su uso será obligatorio para todos los operadores económicos y para los prestadores de mercados en línea, en función del papel que desempeñen en la cadena de suministro.
Las directrices recuerdan que, aunque ofrecen orientación práctica, no tienen valor jurídico vinculante: solo el texto del Reglamento y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE constituyen interpretaciones legales autorizadas. La Comisión señala además que el contenido podrá actualizarse conforme evolucione la aplicación del nuevo marco y las dudas planteadas por las empresas durante su implementación.
