El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un procedimiento sancionador contra una empresa del sector de las telecomunicaciones por posibles actuaciones que podrían haber perjudicado a consumidores vulnerables sin contar con su autorización expresa.
La investigación busca determinar si estas prácticas incumplen la normativa de protección de consumidores, que considera abusivas aquellas condiciones contractuales no negociadas individualmente o actuaciones no aceptadas expresamente que, en contra de la buena fe, generen un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del usuario.
Si se confirmasen las infracciones, las sanciones podrían alcanzar el millón de euros por cada práctica o situarse entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Por otro lado, y como hemos indicado en la noticia anterior, desde el 17 de octubre las llamadas comerciales deben identificarse mediante el prefijo 400, una medida incluida en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que permite distinguir este tipo de comunicaciones de las destinadas a prestar atención al cliente, gestionar incidencias o tramitar reclamaciones. La normativa también establece la nulidad de los contratos formalizados a través de llamadas comerciales no consentidas.
