El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político provisional en segunda lectura sobre la revisión de la Directiva relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo (ADR). Esta reforma, propuesta por la Comisión Europea en 2023, tiene como objetivo adaptar el sistema de RAL a los retos de la economía digital y mejorar su eficacia tanto para consumidores como para comerciantes.
Entre los aspectos más destacados del acuerdo se incluyen:
- Ampliación del ámbito de aplicación: Se incorporan litigios surgidos antes y después del contrato, como los relacionados con publicidad o el uso de contenidos digitales.
- Participación voluntaria con incentivos: Salvo obligación legal, la participación de los comerciantes será voluntaria, pero se fomentará mediante campañas, certificados o ayudas específicas, con especial atención a sectores como el transporte y el turismo.
- Comerciantes de terceros países: Se permite su participación en los procedimientos RAL, reconociendo que una gran parte del comercio digital proviene de fuera de la UE.
- Plazos de respuesta obligatorios: Los comerciantes deberán responder en un máximo de 20 días hábiles (30 días en casos complejos); de no hacerlo, se considerará una negativa.
- Agrupación de casos similares: Las entidades RAL podrán consolidar reclamaciones contra un mismo operador, siempre con la autorización previa de los consumidores afectados.
- Plataformas accesibles: Las entidades deberán disponer de plataformas en línea que faciliten la presentación y el seguimiento de quejas de forma sencilla.
Antecedentes y próximos pasos
Cada año, las entidades RAL gestionan alrededor de 300.000 litigios admisibles en la UE, pero su adopción sigue siendo baja debido a la escasa concienciación, participación limitada de los comerciantes y procedimientos complejos en algunos Estados miembros. Este acuerdo busca superar esas barreras y reforzar el papel de los mecanismos extrajudiciales.
El siguiente paso será la adopción formal por parte del Consejo, seguida de la votación final en el Parlamento Europeo. La Directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y será de aplicación a partir de los 32 meses siguientes.