El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto la consulta pública previa del anteproyecto de ley que adaptará la normativa española de resolución alternativa de litigios (ADR) a la Directiva (UE) 2025/2647, una reforma que tendrá un impacto directo en las empresas que comercializan bienes y servicios a consumidores.
Entre las principales novedades, la futura norma ampliará el ámbito de aplicación de los procedimientos ADR a los contenidos y servicios digitales, a los contratos en los que el consumidor facilita datos personales como contraprestación y a los conflictos que puedan surgir antes de la contratación o tras la finalización del contrato.
Asimismo, el texto prevé reforzar la participación de las empresas en los procedimientos de resolución alternativa de litigios mediante la obligación de responder a las invitaciones de las entidades ADR competentes. También incorpora garantías para el uso de herramientas automatizadas o de inteligencia artificial en la gestión de reclamaciones y permitirá una tramitación más eficiente de reclamaciones masivas derivadas de una misma práctica empresarial.
La reforma actualizará, además, las obligaciones de información de los comerciantes sobre los mecanismos ADR disponibles y adaptará el sistema español tras la desaparición de la Plataforma Europea de Resolución de Litigios en Línea (ODR).
El Ministerio ha abierto un periodo de consulta pública hasta el 7 de julio de 2026, durante el cual empresas, asociaciones y demás entidades interesadas podrán presentar sus observaciones y propuestas al texto antes de la elaboración del anteproyecto de ley.
