Las empresas de comercio electrónico y los prestadores de servicios de la sociedad de la información deberán prepararse para un nuevo escenario regulatorio tras la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que adapta la legislación española al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act).
La futura norma afectará tanto a las compañías que desarrollan soluciones de inteligencia artificial como a aquellas que las utilizan en su actividad diaria. Herramientas cada vez más habituales en los negocios digitales, como los chatbots de atención al cliente, los sistemas de personalización de ofertas, los algoritmos de selección de personal o las soluciones de análisis predictivo, estarán sujetas a nuevas obligaciones de transparencia, supervisión y control.
Entre las principales novedades destaca la obligación de informar de forma clara cuando determinados contenidos, decisiones o interacciones estén generados o asistidos por inteligencia artificial. Además, las empresas que utilicen sistemas considerados de alto riesgo deberán cumplir requisitos específicos de seguridad, documentación, registro y trazabilidad.
El proyecto también refuerza la vigilancia por parte de las autoridades competentes, que podrán realizar inspecciones, requerir información e imponer medidas correctoras cuando detecten riesgos para los consumidores, los trabajadores o los derechos fundamentales. Asimismo, cualquier ciudadano, usuario o empresa podrá presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) por posibles incumplimientos.
Las sanciones previstas son especialmente relevantes para el entorno digital, ya que no solo contempla multas económicas, sino también restricciones de uso, retirada de sistemas del mercado e importantes consecuencias reputacionales derivadas de la publicación de las infracciones.
Ante este nuevo marco normativo, las empresas que venden por internet deberán revisar sus procesos internos, identificar los sistemas de inteligencia artificial que utilizan y reforzar sus políticas de cumplimiento para garantizar un uso transparente, seguro y alineado con la normativa europea. La inteligencia artificial seguirá siendo una herramienta clave para la competitividad y la innovación, pero su utilización exigirá cada vez mayores niveles de responsabilidad y gobernanza.
